A raíz de una serie de denuncias, la cartera de Educación abrió una investigación administrativa contra la Fundación Universitaria San José.

Para evitar afectaciones en la prestación de sus servicios y recobrar la confianza en los títulos que ha otorgado, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Educación compartir la información obtenida en la investigación administrativa que inició contra la Fundación de Educación Superior San José, a raíz de una serie de denuncias, encabezadas por el caso de Juliana Guerrero.

De acuerdo con el Ministerio Público, “la Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública pidió que se suministren los datos que hayan sido obtenidos y se encuentren relacionados con directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, exsecretarios generales y personas que hayan ejercido la administración o control de la institución educativa”.

Además, “requirió al Ministerio informar sobre las medidas preventivas o correctivas que se consideren necesarias para garantizar la legalidad en el proceso de otorgamiento de títulos y restablecer la confianza en la normalidad institucional de la Fundación de Educación Superior San José”.